Adriana Delpiano:

“A Subdere no le corresponde fiscalizar”

a subsecretaria de Desarrollo Regional, Adriana Delpiano, afirmó que la Subdere no le corresponde fiscalizar los estados financieros y el orden administrativo de los municipios. Estas afirmaciones las realizó en el marco del informe que publicó la Contraloría General de la Republica y en la cual establece varias irregularidades administrativas en los municipios de Iquique, Arica, Putre, Camarones y Pozo Almonte.
“No es esta Subsecretaría la encargada ni de perseguir ni de sancionar las irregularidades o delitos; son el alcalde, el Concejo Municipal y la Unidad de Control Municipal los encargados de velar por la probidad y transparencia en la gestión de los municipios”, afirmó.
De esta manera indicó que la fiscalización queda en manos de la Contraloría y que si existe delito o dudas sobre la ocurrencia de hechos que podrían ser calificados de esta manera, debiera presentar los antecedentes a los tribunales correspondientes.
De la misma manera, explicó que existe un control interno de los municipios donde un rol importante cumplen los propios alcaldes, los concejales y la unidad de control municipal.
También indicó que la probidad administrativa mejora con la puesta en marcha de la Ley de Rentas II, que “estableció un conjunto de iniciativas que guardan relación con el acceso a la información”.
También consideró un conjunto de disposiciones para actuar frente a eventuales irregularidades.
De la misma manera, agregó, existe un proyecto de modernización de la gestión municipal que actualmente está en el congreso y hace referencia a varios sistemas de control y sanción para quienes tengan irregularidades administrativas.

Seremi de Gobierno

Rigoberto Sánchez, seremi de Gobierno, compartió las apreciaciones de
la subsecretaria de Desarrollo Regional y afirmó que la situación ocurrida en la
región corresponde a irregularidades adminstrativas y que es necesario ver cada
uno de los casos en forma separada. También indicó que a veces la urgencia por
llevar adelante proyectos o la necesidad de entregar ayuda social incide en que
los municipios no cumplan a cabalidad todos los procedimientos que indica la
ley. “Es necesario reforzarle a los municipios que al cumplir su labor social,
también respeten la normativa vigente”.