En junio de 2003 una niñita de cinco años de edad estaba en el jardín infantil. Durante todo el año la menor estuvo retraída, triste y algo temerosa de las personas que se acercaban a ella. La educadora que estaba a su cargo le pidió que realizara un dibujo para celebrar el Día del Padre.

La niña se negó rotundamente y luego de una conversación la menor dijo que no lo quería. De esa manera la educadora de párvulo conoció que la menor fue abusada por su padre en febrero de 2003. En primera instancia el personal del jardín estampó la denuncia en Carabineros y luego profesionales del Sename comprobaron la agresión sexual mediante pruebas físicas y exámenes sicológicos.

El padre fue acusado formalmente por el Ministerio Público en enero de 2004. En primera instancia el tribunal lo condenó a 200 días de prisión. Sin embargo, por su irreprochable conducta anterior, recibió la remisión condicional de la pena por lo que sólo tuvo que presentarse a firmar una vez al mes en Gendarmería.

El abuso sexual es la peor expresión de maltrato infantil que existe en Chile. A nivel regional el Ministerio Publico recibió durante el año pasado 122 denuncias por delitos sexuales cometidos contra menores, siendo el más recurrente el delito de abuso sexual infantil, con 98 casos. Los 29 casos restantes corresponden a delitos de violación.

La distribución general de las denuncias corresponden a 9 en Pozo Almonte, 41 en Arica y 72 en Iquique.

Para el director regional subrogante del Sename, Luis Morandé, las cifras de denuncias no concuerdan plenamente con la realidad que existe en la Primera Región. Sostiene que existe una cifra negra “que no sale a la luz pública”. Sin embargo, es optimista en este tema. Estima que durante los últimos años la gente ha tomado conciencia en el tema y las denuncias han aumentado paulatinamente.

Parte de este crecimiento se debe a la campaña de difusión que han desarrollado todos los organismos que depende del Ministerio de Justicia, como también la publicación de casos en los medios de comunicación donde recurrentemente se denuncia maltrato infantil en cualquiera de sus formas.

Para la seremi de Justicia, Javiera Palza, las personas están dispuestas a denunciar los casos, ya que existen las vías para dar a conocer los problemas en forma anónima. También destaca la realización de campañas de concientización sobre este tema. El mes pasado finalizó la quinta campaña “Por el buen trato infantil” que desarrolló el ministerio en conjunto con Sename, Junji, Fundación Integra, Sernam y Carabineros.

Estuvo destinada a incentivar a los educadores y autoridades a apoyar y atender las denuncias de niños y adolescentes que viven situaciones de abuso sexual y maltrato.

La directora regional de Junji, Orieta Burgos, aseguró que se alcanzaron importantes avances, sobre todo en la implementación de acciones para trabajar pedagógicamente con los niños en áreas como la autoestima, la confianza en sí mismos, la valoración de personas, el cuidado de su cuerpo y las emociones. “En este proceso, la familia ha sido fundamental, pues con ella se trabajo en procesos de desarrollo afectivo, crecimiento personal y proyectos de vida”.

SEÑALES

Por su parte, la directora regional de Fundación Integra, Layleen González, sostiene que hay un rol fundamental en las educadoras de párvulos para estar atento al comportamiento de los menores y reconocer la posibilidad de un maltrato físico o sicológico, como también de carácter sexual.

“Cuando un niño es maltratado se nota de inmediato en su comportamiento. Se vuelve más retraído, emocionalmente inestable, temerosos frente a los adultos, se aíslan de sus padres, disminuyen el apetito y, si hay caso de abuso sexual, existe molestia en el momento de la muda cuando es un lactante”.

En estos casos el rol del personal de Integra es reconocer el problema y denunciarlo a Carabineros, si existe constancia directa de delito. También debe remitirlo a Sename, quien a su vez realizará una investigación sobre el tema.

Sin duda que la institución clave en el maltrato infantil es Sename, quien trabaja directamente con el Ministerio Público y el Tribunal de Menores tanto en el caso de enjuiciar al agresor como dictar medidas de protección que van desde iniciar un tratamiento para recuperar al niño o niña agredida o ponerlo en una institución para su cuidado.

QUERELLAS

Karla Miranda, abogada en jefe de la Unidad de Maltrato Infantil de Sename, está encargada de llevar adelante las querellas que presenta Sename. Todos los casos tienen que contraparte judicial, sin embargo, no todos terminan en condena.

La mayor condena por abuso sexual a niños y niñas que consiguieron el año pasado fue una pena de ocho años. Los resultados más notorios los han conseguido en los tribunales del crimen que aún funcionan con el sistema judicial antiguo.

Con la Reforma Procesal Penal, el trabajo está en conjunto con el Ministerio Público. En este caso las sentencias han sido variadas. En Arica consiguieron una condena por parricidio frustrado a tres años y un día. En tanto que los abusos sexuales han tenido penas bajas de 100 a 300 días.

La razón para estas bajas penas radica en los complicado que es comprobar el abuso maltrato infantil en un juicio oral, “porque son delitos que se cometen en un área donde no existen testigos. Al final se termina sólo con el testimonio del niño. En tanto que el imputado tiene derecho a guardar silencio, se queda callado y la carga de la prueba se la lleva el Ministerio Publico. La fiscalía tiene que probar que el delito existió y que el autor es el acusado”.

El problema aumenta cuando las denuncias ocurren tiempo después de ocurrido el delito. “Lo más complicado es el abuso sexual porque a veces no quedan grandes secuelas físicas. Los informes de sexología vienen sin lesiones y se complica aún más comprobarla agresión”.

CULTURA

A la relativa facilidad con que los agresores sexuales pueden evitar una sanción, también gravita el problema cultural donde las personas no denuncian las agresiones de los menores, ya sen maltrato físico, sicológico o agresión sexual.

En ocasiones el agresor es el padre, un familiar o cercano o quien mantiene económicamente el grupo, por lo que el hecho se mantiene oculto para evitar la destrucción del grupo.

Este problema de concepción cultural es el principal impedimento para detener el maltrato infantil.

De esta manera surge la Red Protege con el propósito de erradicar la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil. Durante el 2003 la red Protege desarrolló una amplia campaña para enfrentar la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y el abuso sexual en nuestro país.

La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, Gabriela Hip, aseguró que la institución a través de la Red Protege promueve la oferta pública para frenar la violencia intrafamiliar, “con el claro compromiso de erradicar definitivamente el abuso físico y sicológico”.

En octubre de 2002 la red Protege entregó un informe donde evidenciaba altos índices de violencia intrafamiliar en Alto Hospicio.

Actualmente Sename desarrolla un programa especial en Alto Hospicio, que promueve la difusión de los Derechos del Niño, actividad que es coordinada con la fundación Hogar de Cristo. En dos semanas el Sename abrirá un Centro de Atención para el menor agredido en Alto Hospicio que buscará atender en forma ambulatoria los casos que existan en este populoso sector.

Percy Avendaño G.
pcavendano@msn.com

Prostitución de menores

El maltrato también se refleja en el trabajo infantil. Para el Sename la peor forma que toma el trabajo infantil es el ejercicio de la prostitución.

El tema se está tomando paulatinamente. Actualmente existe una mesa técnica integrada por el Colegio de Profesores, el Sename, la Junji, el ministerio de Educación, Carabineros, Investigaciones y coordinada por la cartera de Justicia.

Durante el 2003 se detectaron 3.719 casos de prostitución infantil en Chile, de los cuales 312 se registraron en la Primera Región, con lo que la zona ocupa el cuarto lugar con un 8,4 por ciento de los casos. Las regiones que demuestran mayor número de niños y niñas involucrados son la Metropolitana con 30,7%; V Región (16%) y II Región (11%).