Diez millones de pesos destinará en la Primera Región el Conace para desarrollar proyectos de prevención del consumo de drogas. Entre el lunes 8 y el martes 9 de marzo el organismo ofrecerá un taller sobre cómo presentar las postulaciones.

Las entidades interesadas en participar, deben inscribirse en las oficinas ubicadas en Tarapacá 369, cuarto piso, o a los teléfonos 514635 y el 514510.

Los proyectos no deben de sobrepasar el millón y medio de pesos, los cuales deben distribuirse en recursos humanos, gastos corrientes y equipamiento.

El retiro de las bases y formularios de recepción de la postulaciones ocurrirá entre el 15 y 26 de marzo, en las oficinas de Previene.

La recepción de las propuestas al concurso de proyectos de prevención 2004, se realizará entre el 29 y 31 de marzo.

La Estrella de Iquique fue el primer medio de comunicacion que dio la voz de alerta ante la misteriosas desapariciones de adolescentes en Alto Hospicio.

El titular del 11 de julio de 2000 informaba sobre cuatro liceanas que llevaban perdidas algunos meses. La Estrella tituló con «Desaparecen cuatro liceanas», bajo el epígrafe «Misterio: todas son del mismo colegio».

Desde el primer día la información generó el interés nacional. Diarios, canales de televisión y emisoras radiales emitieron informes sobre el extraño hecho que poseían sospechosos elementos en común.

La alarma se apoderó de Iquique cuando en menos de una semana el listado aumentó a seis jóvenes que las unía varios antecedentes. Todas eran jóvenes, atractivas, asistían al Liceo Eleuterio Ramírez y fueron vistas por última vez al ingresar o salir del establecimiento.

La Estrella también dio un amplio apoyo a los familiares de las niñas cuando en tres oportunidades se solicitó la designación de un ministro en visita. En cada oportunidad fue denegado debido a que no era un caso de conmoción pública que diera mérito ordenar que un ministro de la Corte de Apelaciones tuviera dedicación exclusiva.

Durante los meses siguientes las informaciones se diversificaron y todas las hipótesis propuestas por los familiares, policías y autoridades fueron consideradas en las páginas de La Estrella.

La alegría del primer momento se transformó en precaución entre los integrantes de la Fundación Amparo y Justicia, organización que representó a las familias de las mujeres víctimas de Julio Pérez Silva.
A la salida de la Corte de Apelaciones, Juan Pablo Mandaleris, uno de los abogados querellantes, expresó su satisfacción por la dictación de la condena contra Julio Pérez Silva. «A nosotros nos asistió la convicción permanente que él era el autor material de los catorce homicidios. Estamos hablando, sin duda, del asesino serial más grande de Chile. Desde ese punto de vista nos alegra tener una sentencia condenatoria».
Sin embargo, sobre el sentido de la sentencia y las repercusiones que tendía contra Pérez Silva, el abogado de la Fundación Amparo y Justicia se mostró reticente de dar una opinión extensa sobre el fallo judicial.
Sobre este tema manifestó su reticencia a indicar que el fallo, que mantendría a Pérez Silva encarcelado por 50 años en forma efectiva, sea considerado bueno o malo.

ANALISIS

Indicó que para dar una opinión más tajante «primero hay que leer el fallo en forma detenida. Es un documento largo y complejo que merece un análisis exhaustivo».
Indicó que durante esta mañana analizarán en concreto cada pena que se aplicó. Al mismo tiempo indicó que hoy se reunirán con los familiares de las víctimas para explicar el documento.
También quedó la posibilidad abierta de presenta una apelación al fallo dictado ayer por la ministra Eliana Ayala.

La alegría del primer momento se transformó en precaución entre los integrantes de la Fundación Amparo y Justicia, organización que representó a las familias de las mujeres víctimas de Julio Pérez Silva.

A la salida de la Corte de Apelaciones, Juan Pablo Mandaleris, uno de los abogados querellantes, expresó su satisfacción por la dictación de la condena contra Julio Pérez Silva. «A nosotros nos asistió la convicción permanente que él era el autor material de los catorce homicidios. Estamos hablando, sin duda, del asesino serial más grande de Chile. Desde ese punto de vista nos alegra tener una sentencia condenatoria».

Sin embargo, sobre el sentido de la sentencia y las repercusiones que tendía contra Pérez Silva, el abogado de la Fundación Amparo y Justicia se mostró reticente de dar una opinión extensa sobre el fallo judicial.

Sobre este tema manifestó su reticencia a indicar que el fallo, que mantendría a Pérez Silva encarcelado por 50 años en forma efectiva, sea considerado bueno o malo.

ANALISIS

Indicó que para dar una opinión más tajante «primero hay que leer el fallo en forma detenida. Es un documento largo y complejo que merece un análisis exhaustivo».

Indicó que durante esta mañana analizarán en concreto cada pena que se aplicó. Al mismo tiempo indicó que hoy se reunirán con los familiares de las víctimas para explicar el documento.

También quedó la posibilidad abierta de presenta una apelación al fallo dictado ayer por la ministra Eliana Ayala.

Con cautela recibió el Consejo de Defensa del Estado la sentencia en primera instancia que condenó a presidio perpetuo simple a Julio Pérez Silva, el sicópata de Alto Hospicio.
Cecilia Paz Latorre, abogado procurador subrogante del Consejo de Defensa del Estado y fiscal que llevó la causa durante estos tres años, no quiso adelantar sus declaraciones, ya que es necesario realizar una revisión más detenida del extenso documento que le fue entregado ayer alrededor de las 16 horas.
Afirmó que «la condena se ajusta a derecho».
La condena impone un presidio perpetuo simple por 14 homicidios calificados reiterados. También una condena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por dos violaciones calificada. Además de una condena de 10 años por el homicidio calificado en grado de frustrado de Barbara N.
«El consejo estudiará la sentencia y los razonamientos de la Ministro en Visita. De esta manera el Consejo deducirá algún recurso en contra del fallo».
Indico que «en término general el fallo se ajusta a la solicitud que presentó el Consejo en su acusación particular».

ACUSACION

El 30 de mayo de 2003 el Consejo de Defensa del Estado entregó su acusación y solicitó las condenas respectivas para Julio Pérez Silva. La única diferencia entre la condena que entregó la ministra Ayala y lo que pidió el Consejo radica en que los querellantes pidieron 15 años por el homicidio frustrado de Barbarita.
«De manera que hay que estudiar ese punto y la manera en que la ministra estableció cada una de las circunstancias agravantes. Pero en términos generales la sentencia se ajusta a derecho. Eso sí, es necesario hacer un análisis más detenido».
Indicó que la ministra estableció en cada delito las circunstancias agravantes de manera particular. «Pero podemos decir en término general que hay alevosía, premeditación, actuó sobre seguro y aprovechó su superioridad física».
Pasadas las 16 horas la abogada se retiró de la Corte de Apelaciones portando el extenso documento de 176 páginas que implica el tomo 19 de la investigación.

Proceso largo
La abogada procurador del Consejo de Defensa del Estado, Cecilia Paz Latorre, indicó a título personal que el proceso en contra de Julio Pérez Silva se dilató innecesariamente «por solicitud del propio abogado del procesado».
«Esta fue una investigación súper seria. El proceso para nosotros comenzó en agosto de 2000 cuando comenzamos a investigar la desaparición de las seis liceanas, antes que surgiera la figura de un asesino en serie».
Agregó que el Consejo tuvo una parte importante en el proceso. «Más de una vez las causas por desapariciones estuvieron a punto de cerrase y no se hizo porque nosotros pedíamos más diligencias», entre las que destaca el empadronamiento de los vehículos blancos en las tomas de Hospicio y descartar que las niñas fueran involucradas en una red de trata de blancas.

Con cautela recibió el Consejo de Defensa del Estado la sentencia en primera instancia que condenó a presidio perpetuo simple a Julio Pérez Silva, el sicópata de Alto Hospicio.

Cecilia Paz Latorre, abogado procurador subrogante del Consejo de Defensa del Estado y fiscal que llevó la causa durante estos tres años, no quiso adelantar sus declaraciones, ya que es necesario realizar una revisión más detenida del extenso documento que le fue entregado ayer alrededor de las 16 horas.

Afirmó que «la condena se ajusta a derecho».

La condena impone un presidio perpetuo simple por 14 homicidios calificados reiterados. También una condena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por dos violaciones calificada. Además de una condena de 10 años por el homicidio calificado en grado de frustrado de Barbara N.

«El consejo estudiará la sentencia y los razonamientos de la Ministro en Visita. De esta manera el Consejo deducirá algún recurso en contra del fallo».

Indico que «en término general el fallo se ajusta a la solicitud que presentó el Consejo en su acusación particular».

ACUSACION

El 30 de mayo de 2003 el Consejo de Defensa del Estado entregó su acusación y solicitó las condenas respectivas para Julio Pérez Silva. La única diferencia entre la condena que entregó la ministra Ayala y lo que pidió el Consejo radica en que los querellantes pidieron 15 años por el homicidio frustrado de Barbarita.

«De manera que hay que estudiar ese punto y la manera en que la ministra estableció cada una de las circunstancias agravantes. Pero en términos generales la sentencia se ajusta a derecho. Eso sí, es necesario hacer un análisis más detenido».

Indicó que la ministra estableció en cada delito las circunstancias agravantes de manera particular. «Pero podemos decir en término general que hay alevosía, premeditación, actuó sobre seguro y aprovechó su superioridad física».

Pasadas las 16 horas la abogada se retiró de la Corte de Apelaciones portando el extenso documento de 176 páginas que implica el tomo 19 de la investigación.

Proceso largo

La abogada procurador del Consejo de Defensa del Estado, Cecilia Paz Latorre, indicó a título personal que el proceso en contra de Julio Pérez Silva se dilató innecesariamente «por solicitud del propio abogado del procesado».

«Esta fue una investigación súper seria. El proceso para nosotros comenzó en agosto de 2000 cuando comenzamos a investigar la desaparición de las seis liceanas, antes que surgiera la figura de un asesino en serie».

Agregó que el Consejo tuvo una parte importante en el proceso. «Más de una vez las causas por desapariciones estuvieron a punto de cerrase y no se hizo porque nosotros pedíamos más diligencias», entre las que destaca el empadronamiento de los vehículos blancos en las tomas de Hospicio y descartar que las niñas fueran involucradas en una red de trata de blancas.