El pacto secreto entre Perú y Bolivia fue suscrito en 6 de febrero de 1873. ConsistÌa en la suposición que Chile ocupara la región de Antofagasta, Perú saldría en defensa de Bolivia. Esta propuesta fue también invitada a Argentino. Durante un lapso la nación estuvo inclinada a aceptarlo, pero al final declinó la propuesta.
Los continuos roces entre la República de Chile y la República de Bolivia por la definición fronteriza del desierto de Atacama, sirvieron al presidente peruano Manuel Pardo de pretexto para atraer a los gobernantes bolivianos a favor de una alianza entre ambos países.
De esta manera se firma un tratado secreto de alianza entre Per˙ y Bolivia el 6 de febrero de 1873. En representación de Bolivia firmÛ Juan de la Cruz Benavente y por parte del Perú, José de la Riva Aguero.
Las consecuencias directas de este tratado fue que Bolivia quedó impedida en los hechos de poder negociar directamente con Chile y de esta forma resolver las cuestiones pendientes entre ambos países. Esta dificultad se generó especialmente por lo dispuesto en el artículo VIII del tratado secreto en cuestión.
El segundo paso del gobierno peruano en el plan para dominar el negocio internacional del guano y del salitre consistÌa en alcanzar prontamente una especie de tutela sobre el salitre atacameño.
Para lograr el alejamiento chileno de la industria salitrera atacameña era necesario generar un conflicto armado entre Bolivia y Chile lo antes posible y para este objetivo el gobierno boliviano tenÌa que reclamar por el tratado de 1866, retrotrayendo todas sus demandas a las reivindicaciones anteriores a la fecha de la firma de ese acuerdo y de inmediato debÌa proceder a la ocupación de los territorios al sur del paralelo 24 con lo que iba a provocar la reacción del gobierno chileno haciéndolo aparecer como un paÌs agresor.
A los gobernantes bolivianos les atraía la estrategia peruana, debido a que estaban conscientes de la extrema debilidad militar y económica en que estaba sumida la nación altiplánica a causa de la anarquía que reinÛ en ese país después de los gloriosos días del Mariscal Andrés Santa Cruz y del general José Ballivión.
Aprobando los planes del gobierno del Rímac, los gobernantes bolivianos pretendían frenar la expansión chilena en la zona del desierto de Atacama, que cada dÌa era más poderosa a través de sus empresas, mano de obra y capitales.
El territorio desértico en cuestión estaba casi abandonado hasta antes de las explotaciones mineras hechas por los chilenos, quienes transformaron la zona en un n˙cleo de riquezas minerales como el guano, el salitre y la plata.
Seg˙n el censo de 1878, la circunscripción municipal de Antofagasta con sus diversos poblados contaba con una población de 8.507 habitantes, de los cuales 6.544 eran chilenos; 1.226 bolivianos, y el resto de otras nacionalidades.

Crisis financiera en Per˙

La administración de la industria salitrera en la zona de Tarapacá estuvo en manos peruanas hasta 1879. Sin embargo, parte de los capitales y mano de obra correspondÌa a Chilenos. Los dueños de las oficinas era europeos y acaudaladas familias.
Al mismo tiempo, el gobierno peruano pasaba por una crisis financiera que provocó problemas en la administración de los territorios comprendidos en Tarapacá.
El fisco estaba en bancarrota y para salvar el paÌs el presidente peruano Manuel Pardo estableció por ley del 18 de enero de 1873 el estanco del salitre. Este estanco también se extendió al guano. Para ello el estado peruano comenzó a comprar toda la producción en el mismo muelle donde eran embarcados los quintales. El objetivo era revenderlos a un precio mayor en el extranjero.
El estanco fracasÛ, principalmente por que parte de las salitreras eran de propiedad de sociedades chilenas que eran controladas por bancos con sede en Valparaíso o Londres. Estas entidades cortaron de inmediato los créditos a las oficinas salitreras dejándolas casi en el borde de la quiebra. Para evitar la crisis del sector, el gobierno peruano desistió de su acción.

Problemas en Tarapacá

Los problemas de gestión en Lima repercutieron directamente en la economía de la zona de Tarapacá. Arica e Iquique sufrían los estragos de la mala administración gubernamental.
El estanco del salitre que implementÛ el gobierno no resultÛ causando resentimiento en la clase empresarial vinculada al negocio salitrero y en los inversionistas chilenos e ingleses que explotaban los cantones salitreros de Tarapacá.
La crisis económica en Arica se hizo sentir en variadas formas y uno de sus efectos fue la tensión en las relaciones comerciales entre Bolivia y Per˙ por el no reembolso de los derechos aduaneros cobrados en la Aduana de Arica por el gobierno peruano.
Este tenÌa el compromiso de entregar un porcentaje de lo recaudado al gobierno de Bolivia conforme al tratado que existÌa entre ambas naciones después de la crisis del «libre tránsito» causada por el contrabando.
La llegada de 1878 no trajo respiro económico al Per˙ y con esto vino la complicación de sus relaciones exteriores, las que se dificultaban cada vez más haciendo aparecer en el horizonte los nubarrones de la guerra.
Para comprender el inicio del conflicto internacional que derivarÌa en la guerra de 1879 hay que remitirse a una ley firmada por el presidente peruano Manuel Pardo el 13 de enero de 1873 en la que se establece el estanco del nitrato tarapaqueño.
Esta medida tomada por las autoridades económicas pretendÌa regresar a la antigua bonanza producida por las ventas del guano, buscando en el salitre una nueva fuente de ingreso fiscal que permitiera superar la crisis económica.
La competencia cada vez más fuerte de la «Compañía de Salitres de Antofagasta» hacía más difícil al gobierno peruano pretender el control internacional del comercio salitrero.
Ante la desesperación financiera, los gobernantes veían como única posibilidad de éxito en sus planes el aniquilamiento de la firma anglo-chilena, además del sometimiento de los inversionistas al diseÒo de control comercial que pretendían.
Para ello, Per˙ comenzó a promover un entendimiento con el gobierno boliviano con el fin que pusiese fin a los privilegios que poseían las empresas chilenas de la región de Antofagasta, que eran otorgados conforme a los tratados chileno-bolivianos de 1866 y 1874.

Decisiones peruanas

Entonces el presidente peruano Mariano Ignacio Pardo inició la expropiación de las salitreras a través de una ley promulgada el 28 de mayo de 1875. «El gobierno quedó facultado para pagar el precio correspondiente con certificados a dos años plazo que ganaban el 8 por ciento anual de interÈs, pagaderos por trimestres vencidos. También se le autorizó contratar un empréstito de 7 millones de libras esterlinas».
El gobierno peruano inició legalmente la compra de las salitreras. Esta decisión significó una gigantesca fuga de capitales y endeudó al fisco peruano. La medida tampoco logró su objetivo, debido a que hace más de una década que los empresarios de Tarapacá habían desarrollado prospección en el descampado de Atacama.
El desarrollo de la industria por parte de José Santos Ossa en Antofagasta impulsó aún más el interés de los inversionistas para iniciar los trabajos en esa zona. Comenzaron la producción en forma inmediata. De esta manera ya tenían nuevos territorios para desarrollar sus industrias, sin pagar al gobierno peruano.
En Tarapacá la presión contra el gobierno era grande. Los dueños de los certificados salitreros temían que los documentos no fueran cancelados en el plazo estipulado.

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