En 1990 Chile ratificó la Convención de Derechos del Niño y, este año 2003, firmó el «Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía», de la ONU. Es decir, el primer documento significa que Chile acepta al niño como sujeto de derecho, lo que implica que tiene la obligación de adoptar medidas legales, administrativas y financieras que aseguren el bienestar del menor.
El segundo, fomenta la cooperación entre los estados para la prevención y persecución penal de conductas que vulneran los derechos de la población infanto juvenil. También incluye aspectos tendientes a realizar adecuaciones legislativas en el tema, mejorar los procedimientos administrativos y judiciales, implementar programas y proyectos sociales en las áreas de sensibilización, prevención y reparación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
El panorama es más inquietante radica en la cifra que aporta la Unicef: el 73,6 por ciento de los niños chilenos sufrió en el 2000 alguna violencia de sus padres.
En febrero de 2002 el mismo organismo indicó que un tercio de los niños chilenos vive en la pobreza y sufre la ausencia de derechos básicos, tales como el acceso a la educación y la salud, según el informe publicado por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
El maltrato infantil alcanza cifras inquietantes, según las estadísticas del Servicio Nacional de Menores. Hay constancia de que durante el último año 19 mil niños sufrieron alguna agresión, incluso en muchos casos abusos sexuales. Según las autoridades del mismo organismo, en la práctica sólo se denuncia uno de cada siete casos. Esto lleva a concluir que la cifra sobrepasaría los 100 mil niños violentados o golpeados, sin considerar aquellos que soportan agresiones sicológicas.